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DIÁLOGOS DEL PODER, EN LA CAPITAL. |
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Jueves, 26 de Agosto de 2010 01:08 |
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Por. Timoteo Solano Hernández.
ES MI OBLIGACIÓN GESTIONAR, LEGISLAR Y FISCALIZAR- MARTIN BECERRA
Martin Becerra Gonzales, diputado local por Córdoba, previo a la sesión permanente del día de hoy, se deslinda de la responsabilidad de haberse beneficiado con concesiones del servicio de taxi, tal y como lo señalara su homologo el diputado Sergio Vaca Betancourt de convergencia, en días pasados, donde menciona que los diputados del tricolor se han beneficiado con estas concesiones del servicio de taxi., Vaca Betancourt, acusó directamente al diputado priista Martín Becerra González de ser el promotor para la entrega de estos beneficios.
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Miércoles, 18 de Agosto de 2010 01:31 |
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COMIDA CHATARRA, GORDO NEGOCIO Octavio A. Lara Báez 18/08/2010 La decisión tendrán que tomarla los Padres de Familia y los Directivos de las escuelas del país. Finalmente, ni la Secretaría de Salud ni la de Educación pudieron contra los consorcios de las frituras, pastelillos y bebidas gaseosas que dominan el mercado nacional y no se les podrá impedir que sigan expendiendo sus productos en las cafeterías y tiendas escolares, sometiendo así a los niños mexicanos al consumo cautivo de alimentos “chatarra”. Las poderosas empresas trasnacionales Coca Cola-FEMSA, número uno mundial en venta de refrescos embotellados, PepsiCo America Food, a la que pertenecen Sabritas y Gamesa y también una de las principales productoras de refrescos, así como la compañía mexicana Bimbo, productora de pastelillos y pan industrializado, misma a la que pertenece Barcel, dedicada a la producción de botanas y frituras, ejercieron presión hacia el gobierno federal y consiguieron una prórroga de dos a cinco años para modificar paulatinamente la elaboración de sus productos, los cuales tienen altos contenidos de grasa, sal y azúcar. A través de los Lineamientos para el Expendio o distribución de alimentos y bebidas en los planteles de Educación básica, se buscaba cambiar radicalmente la oferta de alimentos en los establecimientos que operan dentro de las escuelas del país, a fin de que los menores dejen de consumir diariamente productos de poco valor nutricional y alto nivel calórico que contribuyen al desarrollo de obesidad y sobrepeso en los niños, factores que aumentan la posibilidad de contraer diabetes y otros padecimientos. Autoridades de Salud revelaron que ese sector destina anualmente más de 30 mil millones de pesos tan sólo en la atención de enfermos con diabetes mellitus, eso sin contar la atención a las demás enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad, como hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos elevados, males cardiovasculares, cerebrovasculares, renales y hepáticos, entre otras. De acuerdo a información proporcionada en el 2009 por la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del IMSS, México ocupa el segundo lugar mundial en Obesidad mórbida. Otro estudio, de la consultora Euromonitor, dio a conocer a principios de este año, que el 31.8 por ciento de la población mexicana mayor de 15 años es considerada obesa. La Encuesta Nacional de salud y Nutrición 2006, realizada por la Secretaría de Salud, reveló que nuestro país tiene 4 millones de niños con obesidad, lo que nos sitúa como la nación con el mayor volumen de población infantil en el mundo con este grave problema de salud. En Veracruz el problema es mayúsculo, pues según la misma Encuesta, 7 de cada 10 niños presenta sobrepeso y es la entidad con mayor número de infantes diabéticos. Ante la oposición de los empresarios de golosinas a abandonar esos importantes puntos de venta que son las escuelas, habrán de ser las sociedades de padres de familia y los cuerpos directivos de los 223 mil centros educativos de nivel básico en toda la República, quienes tendrán que decidir si toman las medidas necesarias para cambiar, a partir de este ciclo escolar, las frituras, pastelitos y refrescos que expenden las tiendas de sus cooperativas, por frutas, sándwiches o tortas, agua y jugos naturales . La venta total de toda la gama de productos y bebidas ”chatarra” genera ganancias del orden de 672 mil millones de pesos al año a las empresas del ramo. Sus ganancias en los centros educativos se estima en 19 mil 400 millones, apenas el 3 por ciento. Sin embargo, los grandes consorcios se niegan a perder ese nicho de mercado cautivo o verlo disminuido siquiera, en una muestra de codicia desmedida y una ausencia absoluta de solidaridad ante un problema social que ya causó alarma en el sector salud del país. Hay que decir también que el cambio en las costumbres alimenticias que se necesita para revertir la tendencia general de la población mexicana hacia la gordura tiene que darse en la dieta de los hogares. Muchas familias han sustituido el consumo de leche por el de refrescos, por ejemplo. La obesidad que presenta un elevado porcentaje de mexicanos, está íntimamente ligada a lo que comemos y cómo lo cocinamos. En lo general, se utiliza un gran porcentaje de grasas saturadas en la preparación de nuestros alimentos, de hecho consumimos un 11 por ciento más de esas grasas consideradas dañinas, según afirma el Director de Investigación de Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Salvador Villalpando Hernández. Otro factor es la falta de costumbre de hacer ejercicio regularmente, lo que no permite eliminar el exceso de calorías que se ingieren diariamente, favoreciendo la formación de obesidad. El nutriólogo Miguel Leopoldo Alvarado (Ortomolecular News 04/03/2010) afirma que en México vivimos un ambiente obesogénico, propiciado por la publicidad engañosa dirigida a los niños, la invasión de comida chatarra en escuelas y comunidades rurales, la alta disponibilidad de alimentos densamente energéticos y bebidas azucaradas y la no inclusión de frutas y verduras en la dieta de los estudiantes, lo que hace que los menores consuman entre 840 y 1259 calorías solamente durante su estancia en la escuela, que representan la mitad o más del requerimiento diario y agrega que en México se consumen en promedio 342 litros de refresco por persona al año. El grave problema de salud pública que representa tener una población infantil y adulta obesa debería obligar a las familias a hacer cambios radicales en materia de alimentación, empezando por lo que comen los niños en el recreo, pasando por lo que comen en casa y por una política de prevención en la que se advierta a la población de los riesgos sanitarios de consumir golosinas sin control. Una regulación más estricta para suprimir tantos alimentos “chatarra”, obligar a las empresas a mejorar los contenidos nutricionales de los mismos, así como la publicidad que se hace de ellos, informando de los daños que puede ocasionar el exceso en su consumo, así como la promoción intensiva de una alimentación más sana, son tareas que el gobierno en todos sus niveles debe iniciar de inmediato.
La prohibición para vender alimentos y bebidas pobres en nutrientes y ricos en grasas, azúcares y sodio en las escuelas no será suficiente, tendrá que obligarse a las compañías a elaborar sus productos con menores cantidades de esos ingredientes, pues los afectados no son sólo los niños sino todos los consumidores del país. Las autoridades no pueden permitir que prevalezcan los intereses económicos de un puñado de empresarios sobre la salud y la calidad de vida de millones de niños mexicanos, por muy poderosos que sean. La tan mentada denominación de “empresas socialmente responsables” debe abarcar también la conciencia del daño que están ocasionando a las generaciones de niños que consumen asiduamente sus productos, contribuyendo a formarles malos hábitos y poniendo en riesgo su sano desarrollo. Por parte de los padres de familia tienen que asumirse las principales responsabilidades para evitar que sus hijos sean consumidores frecuentes de chucherías que no los nutren y a la larga perjudicarán su salud. Por su parte, las Sociedades de Padres, que obtienen recursos de la venta de alimentos en las cafeterías o tiendas escolares, tendrán que adoptar una postura más responsable sobre lo que venden a sus hijos y los hijos de los demás, quienes se convierten en clientes cautivos de un negocio aparentemente inocente pero que ya está produciendo estragos en la salud de las actuales generaciones y luce como una amenaza para las futuras.
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Jueves, 22 de Julio de 2010 05:43 |
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Contornos Octavio Augusto Lara Báez
El reciente atentado con un coche-bomba ocurrido en Ciudad Juárez, hoy por hoy la ciudad más violenta del país, mostró un giro preocupante en la reacción de los cárteles de la droga que controlan plazas como Chihuahua y otros estados fronterizos a la guerra frontal que libra contra ellos el gobierno federal, “guerra” que hasta ahora luce desigual, en la que ciudadanos y prensa no tienen protección alguna y que podría comenzar a caracterizarse por ataques sistemáticos a la población civil, buscando con ello que la opinión pública ejerza presión y ablande a las autoridades con reclamos sociales por la creciente violencia que inunda a México y que cobra cada vez más víctimas inocentes.
Es sin duda una acción perversa, que revela de lo que son capaces los capos mexicanos de la droga con tal de continuar ejerciendo sus lucrativas actividades criminales y del grado de descomposición social que padece el país, flagelado por la pobreza de un gran sector de la población, la desigualdad social y otros males asociados, como la corrupción y la impunidad, que dificultan el avance de esta guerra declarada por Felipe Calderón desde el inicio de su sexenio, más con buenos deseos que con una estrategia bien planeada y articulada.
Guerra que se ha usado más como bandera política por el partido en el gobierno y como argumento para atacar a los gobiernos locales que, aún participando activa y coordinadamente con las fuerzas federales, han osado expresar su desacuerdo no con el objetivo, sino con el método empleado, que a todas luces no ha dado todos los resultados deseados y ha tenido un costo altísimo en bajas de civiles inocentes.
El bombazo de Ciudad Juárez evidenció también la realidad que ha impuesto el narcotráfico al ejercicio periodístico en México. Por seguridad, en muchas ciudades del país, la autocensura prevalece en las redacciones de los Medios. En otros lugares, los grupos delincuenciales son quienes imponen agenda o censuran cierto tipo de información en la prensa.
Los espacios que ocupa la violencia vinculada al narcotráfico en los Medios dependen en muchos casos de los intereses que tengan los jefes de esas organizaciones. En el norte, llegó a darse inclusive una competencia entre cárteles por acaparar los titulares de la prensa. En otras partes de la República, es casi cotidiano que los grupos armados de algún cártel de la droga ordenen omitir en los medios impresos o electrónicos toda noticia que consigne hechos vinculados con sus operaciones criminales, llámese ajuste de cuentas, ejecuciones o levantones.
Desacatar sus órdenes en ese sentido ha sido causa de que muchos periodistas de provincia y de las grandes urbes hayan recibido llamadas poco amigables de advertencia o hayan sido llevados de paseo en contra de su voluntad. Es el clima de terror que han impuesto las organizaciones del narcotráfico, con la intención de infundir miedo para seguir operando sin ser molestados.
Un testimonio que ilustra esta adecuación a que se ha visto forzada la prensa en el manejo noticioso de la narcoviolencia, son las declaraciones sobre los hechos de Ciudad Juárez hechas a Ciro Gómez Leyva, de Telefórmula, la tarde del 16 de julio, por el Director de la televisora Canal 5 de aquella ciudad fronteriza, Eleazar Lara, única que logró captar imágenes de la explosión que mató a cuatro e hirió a otras once personas, quien consideró que a su camarógrafo, Luis Hernández, herido por el bombazo, le tocó “estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”, pues al momento de la detonación se encontraba grabando la atención de paramédicos y agentes policiacos a un falso policía que había sido baleado por sicarios de La Línea, grupo armado del cártel de Juárez.
Afectado por la fuerte impresión que le causó la experiencia vivida por su colaborador, Eleazar Lara reveló que ante lo sangriento de los hechos que se viven a diario en Ciudad Juárez, Canal 5 decidió, desde hace año y medio, dejar de manejar con lujo de detalle las noticias de violencia y muerte relacionadas con el narcotráfico en sus espacios noticiosos, por lo que sólo refieren en una sola nota, de manera general, los hechos delictivos ocurridos en el día, sin pormenorizar en datos o causas.
La justificación dada por el directivo es que no desean hacer una apología del crimen en sus noticieros y criticó además el manejo morboso que se hace de la información sobre los enfrentamientos entre cárteles que se disputan las plazas o con la Policía Federal y el Ejército. “La explotación de la morbosidad que hacen otros Medios de Ciudad Juárez es para tratar de acaparar los espacios y los ratings de preferencias; en nuestra empresa nosotros informamos los hechos como son, con objetividad y con el respeto que merece Ciudad Juárez”.
Lo cierto es que la creciente violencia ejercida por los capos y sus matones y el ambiente de inseguridad que ha generado, está teniendo un efecto natural en las políticas informativas de los Medios. El miedo y la autoprotección condicionan la publicación de noticias sobre los grupos que controlan la producción y el tráfico de drogas, como consecuencia de las condiciones de violencia que privan en casi todo el país y que obligan a que prevalezca el instinto de conservación.
La sensación de indefensión que permea a toda la sociedad ante la oleada de crímenes y la insuficiente respuesta de las fuerzas del orden, favorecen un ambiente de preocupación que no se disipa con un llamado a la unidad en torno a la guerra contra el narco ni con una campaña publicitaria oficial. Nadie duda de que el combate a estos grupos criminales es necesaria. De lo que sectores cada vez mayores de la sociedad no están convencidos es de que el método que se ha aplicado sea el mejor.
Es preciso que se vean acciones coordinadas de todos los niveles de gobierno, nuevas estrategias, que ataquen las operaciones financieras de los cárteles, que disminuyan su capacidad económica para seguir comprando policías y funcionarios y para lavar sus recursos ilícitos. Es urgente que los tres Poderes de la Federación hagan de ésta su causa común y los tres niveles de Gobierno estén en la misma sintonía, lo mismo que los partidos políticos.
Se requiere también que el Presidente Calderón no se cierre, que se deje ayudar y escuche a todos los que tengan alguna aportación que hacer a esta lucha y que las fuerzas políticas y sus partidos dejen de pensar sólo en el 2012 y participen activa y responsablemente con esta causa. Sólo así podremos aspirar a ver la luz al final del túnel en este tema que ocupa actualmente la atención de toda la sociedad. Continuar esta “cruzada”, como la han querido llamar algunos, de la misma manera que se ha hecho hasta ahora, sólo seguirá poniendo en riesgo a más ciudadanos inocentes.
La prensa nacional, por su parte, habrá de seguir cumpliendo con su compromiso de informar, luchando por superar las limitaciones a su labor que les presenta esta circunstancia nacional, lidiando con los elevados riesgos de hacerlo sin garantías para la integridad física de los periodistas, pues en esta “guerra” no hay consideraciones, protocolos ni convenciones que valgan para el enemigo. |
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Martes, 13 de Julio de 2010 23:08 |
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Contornos
Octavio Augusto Lara Báez
En 1991, como una medida para dar mayor certidumbre a los votantes, el Consejo general del IFE dispuso que se creara un sistema de información de los resultados electorales de manera preliminar, pues el cómputo final de todas las actas de escrutinio era tardado y generaba impaciencia entre la gente. Fue la primera versión del PREP que hoy conocemos.
En esa primera e histórica ocasión, el sistema funcionó por medio de cien aparatos de fax, que recibieron desde los Consejos distritales, las actas de escrutinio y cómputo, logrando recabar el 71.82 por ciento de ellas en un lapso de 72 horas ininterrumpidas.
En las subsiguientes elecciones, este sistema se fue mejorando hasta desarrollarse un programa de cómputo especializado para la captura, procesamiento y exhibición de los primeros resultados registrados en cualquier contienda electoral a través de las páginas oficiales de los órganos electorales en la internet.
Vale la pena recordar que el ahora tan cuestionado PREP nació con la intención de dar un adelanto del recuento de votos, nunca como un sustituto del cómputo final que debe realizar cada Consejo electoral.
Esto porque hoy en día, tras las votaciones del pasado 4 de julio, el perdedor de la contienda por la gubernatura, Miguel Angel Yunes, ha alegado que la elección estuvo amañada, argumentando entre otras cosas, que el PREP presentó fallas y que presuntamente quedaron “volando” más de 600 mil votos.
Querer culpar de los resultados adversos a un sistema dedicado únicamente a dar avances y tendencias del voto, es sólo parte de una estrategia de descalificación muy calculada por el candidato perdedor para justificarse.
Por eso las descalificaciones sistemáticas, casi a diario, al trabajo del IEV, ataques dirigidos principalmente a sus consejeros, a sus contrincantes políticos y, pasado el proceso cuyos resultados no le favorecieron, a todos los que en él participaron.
Olvida el ex candidato panista al gobierno de Veracruz que en la organización y realización de la elección del 4 de julio participaron cerca de cien mil veracruzanos, que fungieron como funcionarios de casilla, capacitadores, representantes de partidos y de candidatos, además de observadores. Gracias a su trabajo, fue posible realizar los comicios. Si las irregularidades de las que habla hubiesen sido generalizadas, ese ejército de ciudadanos se habría encargado de denunciarlas.
Por si fuera poco, la diferencia de votos entre el candidato triunfador, Javier Duarte y él fue de 85 mil 575 votos, distancia que legitima de manera más que suficiente el triunfo del abanderado de la Coalición Veracruz para Adelante, virtual Gobernador electo. Si en 2006 Felipe Calderón ganó con apenas 0.57 décimas de punto sobre López Obrador en una elección más cuestionada, no hay razones para no reconocer el triunfo priísta que fue más claro.
No obstante, buscando atraer la atención de una ciudadanía que ya se hartó de las disputas electorales, tras una marcha de protesta convocada por el aspirante derrotado en Veracruz a una semana de la elección, el dirigente nacional del PAN César Nava dio declaraciones a diarios nacionales en las que se pronunció por buscar la anulación del resultado electoral de Veracruz: "Pediremos la reversión del resultado, de no concederse ésta, pediremos la anulación del proceso", expresó en entrevista a Reforma (12/0710).
Cae así el líder azul en una evidente contradicción, ¿para qué pedir que se revierta el resultado electoral si ellos han afirmado que les es favorable? Y todavía más: ¿porqué tendría que exigir la anulación total de una elección que supuestamente ganó su candidato? Como se ve, en sus propias declaraciones, Nava revela dos cosas: una, que no tiene buena comunicación con su candidato, el cual asegura que tuvo más votos que el ganador -cosa que por cierto no ha probado, ni podrá hacerlo-, y dos, que acepta implícitamente que perdieron la elección y van a recurrir a las instancias judiciales para intentar echarla abajo.
Dependerá ahora de la fundamentación que hagan de sus acusaciones y de la objetividad e imparcialidad de los tribunales para ratificar la victoria priísta o acceder a lo que luce como un capricho de los perdedores. Una muestra más de la falta de madurez y clase de muchos políticos, que sólo reconocen la democracia cuando ganan y la ponen en entredicho cuando les toca perder.
Por otra parte, al desconocer la validez y legalidad de los comicios, el PAN está desconociendo también los triunfos que legítimamente obtuvo en 52 municipios en los que triunfó, aliado con el PANAL y otros 37 en los que ganó solo. Eso sin mencionar los 10 distritos en los que ganaron sus candidatos a diputados.
La democratización de México debe pasar, necesariamente, por el fomento de una cultura democrática de todos, actores políticos, gobernantes y ciudadanos, pues no es admisible que se cuestione y descalifique toda elección por el simple hecho de haberla perdido.
Si queremos avanzar como sociedad democrática, debemos entender que en la democracia se gana y se pierde. Quienes hoy perdieron, en próximas elecciones pueden ganar, pues no hay derrotas eternas ni las preferencias ciudadanas son propiedad exclusiva de nadie, como algunos creen ilusamente.
Cuando entiendan eso los partidos políticos, se preocuparán más por presentar buenos candidatos, por hacer buenos gobiernos, por cumplir la palabra empeñada, responder a la confianza que el pueblo les otorgó y cultivarla todos los días, con hechos concretos y no solo con discursos.
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